Argentina 200 años de Independencia

200 AÑOS DE INDEPENDENCIA

 

INSTITUTO NACIONAL SANMARTINIANO

Ministerio de Cultura Escudo Nacional Presidencia de la Nación

Libertador José de San Martín
Click

 

 

DOCUMENTOS

105 | San Martín abogado - Por Marco Aurelio Risolia (1911-1994)

Vocación de hombre de derecho

Ser un hombre de derecho no es, ciertamente, un privilegio exclusivo de los profesionales del derecho. Pueden reivindicar ese carácter quienes alientan una aspiración natural de justicia, captan la unidad y universalidad de los principios a que debe ajustarse el ordenamiento jurídico y comprenden que su fruto invalorable es la convivencia en paz y libertad, esclavos de la ley para no ser resortes o sostenes de la dictadura o la anarquía. Si esto es verdad -como lo estimo-, cabe admitir sin ambages que San Martín fue un hombre de derecho, suficientemente informado de los principios generales -y por tanto fundamentales- que gobiernan tan meritoria disciplina; un hombre que intuyó e indagó con inquietud de autodidacto y con sagacidad de conductor, cuanto era y es indispensable para alcanzar la paz con libertad y con justicia. Hubo en él, sin duda, una vocación que se abona con datos verdaderamente singulares de su cautivante biografía. Solo me urge subrayar que este hombre de armas lo esperó todo de la educación, amó los libros, frecuentó el trato de personalidades eminentes, estuvo atento a los acontecimientos políticos, económicos y sociales de su siglo, y en medio de los azares de la guerra y aún durante el reposo de la batalla o el obligado cautiverio, buscó acercarse a las mejores fuentes del saber para adquirir una cultura que asombra por su variedad y su riqueza. Yo también , sobre la huella de ilustres escritores, alguna vez hice el resumen de la nutrida biblioteca que trajo consigo desde Cádiz y llevó consigo a Mendoza, a Chile y al Perú. San Martín compuso personalmente su catálogo. Cicerón, Plutarco, Salustio, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Mirabeau, La Bruyere, Bentham, Gassendi, Filangeri, Robertson, Cuvier, figuran en el índice. Tengo contados, en resumen, 265 volúmenes de historia, 135 de literatura general, 100 de enciclopedias, 70 de oficios varios, 65 de arte militar, 50 de viajes, 25 de derecho, 25 de geografía, 15 de matemática, 15 de bellas artes, 10 de comercio y economía, 10 de navegación, 45 cartas marítimas, atlas y mapas políticos de América, diccionarios y algún texto de gramática, todo ello guardado en 11 cajones, lo que sin duda es mucho para atravesar los Andes y el Pacífico, hasta ser pasto de las llamas en la Biblioteca Pública de Lima, destinataria principal de ese magnífico acervo (pero no todo se perdió ya que su yerno se ocupó de hacer entrega de un gran número de ejemplares destinados a la Biblioteca Nacional de nuestro país). Lo que me interesa destacar es la presencia de obras escogidas de derecho y legislación en ese rico catálogo. He aquí la nómina de las más caracterizadas: - De Hugo Grocio, “Derecho de la guerra (y de la paz)”, y “De jure belli ac pacis”; 2 tomos en francés. - De Jeremías Bentham, “Tratado de legislación civil y penal”, verosímilmente en la primera edición francesa, París, 1802; 3 tomos con discurso preliminar de Etienne Dumont. Del mismo autor, “Teoría de las penas (y de las recompensas)”. Es, también verosímilmente , la primera edición francesa, París, 1811. - De Cayetano Filangeri, “La ciencia de la legislación”; 7 tomos en portugués. - De Manuel Lardizábal y Uribe, mejicano, que escaló altas posiciones en la administración y la magistratura española,” Discurso sobre las penas (contraído a las leyes de España para facilitar su reforma)”. La obra original es de 1782 y hay varias reimpresiones del siglo anterior y de este siglo, 1 tomo. - De Ignacio Asso y del Río Miguel de Manuel y Rodríguez (o simplemente de Asso y Manuel), “Instituciones del Derecho Civil de Castilla”. Verosímilmente la edición de Madrid, 1792, porque es bueno advertir que existe también la de 1806, ‘encomendada, ilustrada y añadida” por el Dr. Joaquín María Palacios. - De Félix Colón de Larreátegui, “Juzgados Militares (de España y sus Indias y formularios de procesos militares)”; 6 tomos. - De Francisco Xavier de Gamboa, - mejicano como Lardizábal y Uribe-, “Comentario de las Ordenanzas de Minas”; 1 tomo. - “His Majestis Regulations”, 1 tomo en inglés. Sería, según la información que nos ha proporcionado The British Council, un ejemplar de las “General Regulations and Orders for the Army”, editadas en 1811. - Una recopilación de testamentos, en francés. - Hay, además, en el detalle, ordenanzas y reglamentos de Ejército, de Policía, de Comercio Libre, de Intendentes, etc.; los trabajos de la Asamblea Constituyente de Francia (20 tomos); el proceso de Luis XVI (9 tomos), y varios volúmenes sobre diplomacia y protocolo, historia filosófica y política, relaciones de la iglesia y el Estado, etc., de obvia vinculación con el tema que nos ocupa. Naturalmente, en orden a la información jurídica de San Martín hay que sumar lo que pudo aprender en otros repositorios que su biblioteca particular y a través, sobre todo, de sus actitudes y sus realizaciones como jefe, como ciudadano y como gobernante; a través de sus proclamas y de su correspondencia (con Pueyrredón, con Godoy Cruz, con Guido, con O’Higgins, con Castilla , con Miller); a través del trato y del dictamen de auditores, asesores o ministros (Vera y Pintado, Monteagudo, Rodríguez, Unanue, Riva Aguero, etc.). Y es del caso advertir -como lo reconoce Gérard- que para ello San Martín adquiere el dominio del francés y nociones básicas de inglés, portugués e italiano, bebidas con apuro en los frentes de lucha, en sus tristes periplos y hasta en algún breve y hazañoso cautiverio. Si se tiene en cuenta ese cúmulo de antecedentes, es fácil penetrar el pensamiento del Libertador y aislar un sistema de ideas capitales que importan a la noción del derecho, a la virtud de la justicia y al uso de la ley como instrumento para alcanzar el objetivo de tal noción y tal virtud. Están vivas en la conducta y en la obra de San Martín las siguientes ideas capitales: · Lograr la libertad y asegurar la independencia de los pueblos hermanos de América del Sur. - Instaurar en ellos, de ser posible, un régimen republicano, que anhela por inclinación y por principio (aunque, en conocidas ocasiones y por el peso de las circunstancias, alentara el establecimiento de una monarquía constitucional). - No consentir la subversión y la anarquía. Mirar como bueno y legal, en tanto se libra la lucha por la independencia, un gobierno que asegure el orden de manera sólida y estable. - Rehuir, en lo posible, el empleo de la fuerza, que siendo incompatible con nuestras instituciones -dice- es el peor enemigo que ellas tienen. - Garantizar los derechos del hombre. Proveer, como primera demanda, a la seguridad del ciudadano y de su patrimonio. - Reconocer la buena fe como principio vital del orden y la prosperidad de la Nación. - Hacer la guerra ahorrando el dolor y la sangre de amigos y enemigos y respetando, a su turno, la libre determinación de los pueblos. - Promover la ilustración general, aún más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. - Respetar a ultranza el principio de división de los poderes de gobierno. - Administrar recta justicia. - Sujetarse a una Ley Fundamental. Decir no, a un régimen asentado en la arbitrariedad y la violencia. - Tener presente, cuando se legisle, que a los pueblos no se les debe dar las mejores leyes utópicas, pero si las que sean apropiadas para su carácter. - Rodear de garantías el manejo de la administración y de la hacienda pública. - Mantener un acendrado concepto de la autoridad y el respeto del orden legítimamente constituido. - Propender, en fin, a la unión de los pueblos de Sudamérica, sobre la base de su igualdad y su común destino.

Basta lo dicho para dibujar el perfil de un hombre de derecho, especialmente en orden a las exigencias del derecho público, o, con más precisión, de la ciencia política y el derecho constitucional. Pero se comprende que sería del caso, para agotar este riquísimo asunto y proyectarlo en múltiples campos de las disciplinas jurídicas y sociales, referirse a la gravitación del héroe en las revoluciones de 1812 y 1815, que alumbraron dos Congresos Generales -el de 1813 y el de 1816-; al enfrentamiento con las aspiraciones cesáreas de Alvear; a su decisivo apoyo para urgir la Declaración de la Independencia; y glosar desde luego, extensamente, documentos capitales que llevan su rúbrica, como las proclamas dirigidas a los habitantes de Chile y del Perú, el manifiesto que siguió a la conferencia de Punchauca, la explosión de motivos que suscribe al asumir el gobierno de Lima, la renuncia del Protectorado y el adiós de la Magdalena, amén de su correspondencia epistolar y los numerosos partes, bandos, reglamentos, instrucciones, causas y sentencias a que diera lugar su actuación de soldado, de ciudadano o de gobernante. Porque no cabe duda, como ya lo insinué, que las ideas de San Martín en punto al derecho y la justicia cobran relieve máximo en su gestión como jefe militar, como Gobernador Intendente de Cuyo y como Protector del Perú. Esa triple actividad permite formar juicio sobre su desempeño como legislador, como juez y como conductor inspirado de un proceso político, de todo lo cual trataré de dar breve y compendiosa noticia. La primer aptitud -la de legislador- San Martín empezó a ejercerla inmediatamente después de su arribo, en la esfera de su actividad castrense. A su mano se debe la redacción del Reglamento para la disciplina del Cuerpo de Granaderos a Caballo. Allí se consideran conductas punibles para el oficial de granaderos como no defender el honor, demostrar cobardía en acción de guerra, familiarizarse en grado vergonzoso con los subordinados, hacer trampas, beber inmoderadamente, concurrir a casas de juego, poner las manos en una mujer, etc. La aplicación de este breve y severo código fue cuestionada por el oficial Vicente Mármol, de recalcitrante inconducta.

Verbosamente, no admite la competencia de quienes lo han condenado ya que su empleo - arguye- no emana de la oficialidad del regimiento que lo sancionó sino de la suprema autoridad gubernativa, y exige ser juzgado según las leyes generales y no según las disposiciones arbitradas por la jefatura del Cuerpo a que pertenece. Al elevar la presentación de Mármol, San Martín rebate sus argumentos en un fino análisis de la cuestión jurídica , pero pide que no se le imponga al recurrente el horroroso castigo a que se ha hecho acreedor, denunciando en su curialesco proceder la mano de un miserable que, aplicando al caso máximas inconclusas del derecho común, ha querido desahogar por el conducto de este oficio su bajo resentimiento, mendigando el estilo del foro. Tiempo después, cuando San Martín se consagra a la organización del Ejército de los Andes, la misma preocupación reglamentaria cobra mayor aliento. Ahora son cuarenta artículos que determinan con mayor amplitud, para la oficialidad y la tropa, los deberes militares, en una comunidad que integran no sólo los leales cuyanos sino también los emigrados chilenos después de Rancagua y los realistas confinados para contener su desborde. En este nuevo código la gama de las acciones punibles se acrecienta: la infidelidad a la patria, la deserción, la desobediencia, el robo, la falsificación, el incendio, la revelación de secretos militares, la violación, la riña y el insulto a la justicia son penados con un rigor que se extiende al que solicite gracia para el reo. “Las penas aquí establecidas -se lee al final serán aplicadas irremisiblemente. Sea honrado el que no quiera sufrirlas. La patria no es abrigadora de crímenes.” En el gobierno de Cuyo también se manifiesta el mismo fervor legislativo, inspirado en las ideas de libertad, de independencia, de redención de los humildes, de bien común. San Martín, con el apoyo del Cabildo de Mendoza, crea una nueva magistratura, la de los “decuriones”, que administra justicia menor en lugares alejados. Reprime la vagancia y el alcoholismo, utilizando como escuela de reeducación al propio Ejército de los Andes, que engrosa sus filas con los recuperables. Reglamenta el expendio de bebidas alcohólicas y el funcionamiento de las tabernas. Establece la “Casa de Recogimiento” para las mujeres de vida libre. Humaniza y dignifica el régimen carcelario. Elimina la pena de azotes.Duplica la ración de los reos.

Pone las casas de reclusión a cargo del Estado. Obliga a distinguir entre quienes sufren arresto precautorio y quienes son convictos de transgresiones graves. Sostiene que una buena política educacional y una correcta administración de justicia y de los intereses públicos es la más sólida base para combatir el crimen. Y partiendo de estas premisas crea y dota la escuela, la biblioteca y el hospital necesarios; fomenta las industrias, el comercio, la labranza; atiende a la reglamentación del regadío; difunde la vacunación antivariólica; procura la ocupación plena y el pago de salarios justos; reorganiza los tribunales, precisando la jurisdicción de los magistrados de la ciudad y la campaña, y afecta los recursos de que es necesario disponer, reajustando el sistema tributario y la distribución de las cargas fiscales. Pero la obra legislativa de mayor aliento se registra, sin duda, durante la actuación de San Martín en el Perú. Allí está vigorosamente explicitada la concepción jurídico-política del Protector. Lector de Montesquieu, San Martín rehusó desde un principio el poder ilimitado. Antes de entrar en la Ciudad de los Reyes, mientras permanecía en el campamento de Huaura, promulgó su “Reglamento Provisional”, con vigencia en las zonas de ocupación, a fin de no dejar los derechos de los particulares expuestos a los riesgos de una jurisdicción indefinida o a la falta absoluta de recursos que suplan las formas (del derecho), suprimidas por la necesidad. Poco después, el 8 de octubre de 1821, promulga en Lima el “Estatuto Provisional”, que autolimitó sus facultades. En una y otra pieza San Martín, que por el peso de las circunstancias debió concentrar en su persona los poderes Ejecutivo y Legislativo, se preocupa por asegurar en términos enfáticos la independencia del Poder Judicial. “Me abstendré de mezclarme jamás en el solemne ejercicio de las funciones judiciales - escribe-, porque su independencia es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo.” Suprimidos la Audiencia y el Consulado de Lima, el proceso de reorganización del Poder Judicial concluye con la instalación de dos Altas Cámaras, una en lo Civil y otra en lo Comercial, que administran justicia integradas por jueces inamovibles. También se reorganizan los tribunales inferiores, quitándoles a los gobernadores de provincias la función judicial de primera instancia, que hasta entonces tenían a su cargo.

Añádase a todo esto que, jurada la independencia del Perú, San Martín declaró la libertad de vientres para los nacidos después del 28 de julio de 1821, y poco después la libertad de los esclavos que se hubieran distinguido en la lucha por la libertad o que, venidos del extranjero, pisaran territorio de la nueva República, por el solo hecho de pisarlo. Bien entendido que en la primera hipótesis - libertad de vientres- pesaba sobre los amos la manutención y educación de los hijos de madres esclavas, hasta que se los habilitase para el ejercicio de una actividad útil y remunerativa. Inmediatamente después, el 27 de agosto de 1821, San Martín abolió el tributo que pagaban los aborígenes y prohibió que se los llamara indios, ordenando que se los llamara sin excepción peruanos. Al día siguiente corrieron igual suerte la mita, yanaconazgo, los pongos, y toda otra forma de servidumbre personal. Fueron además notables, por muchos conceptos, los decretos del Libertador que aseguraron la libertad de prensa y consumaron la reforma penal peruana. Barajando las ideas de Beccaría, de Bentham, de Filangeri, de Lardizábal, San Martín visita las cárceles, se informa sobre las causas de los detenidos, conmuta las penas en caso de palmaria injusticia, pero reserva la más severa sanción para el peculado, el cohecho y las exacciones ilegales. En el decreto del 27 de diciembre de 1821 estampa esta disposición categórica: “los empleados en el ramo de la hacienda a quienes se justificare algún fraude, cohecho o la más leve infracción a sus deberes, comprobada que sea su mala fe, sufrirán irremisiblemente la pena de muerte.” Un prolijo reglamento carcelario, del 23 de marzo de 1822, sigue a la demolición de los “infiernillos” de Lima, dispuesta el 27 de febrero del mismo año. En ese reglamento están escritas estas frases aleccionadoras: “infeliz el hombre que se hace reo a los ojos de la autoridad, pero no menos infeliz el que lo oprime más de lo que exige la razón. Nada prueba tanto el progreso de la civilización de un pueblo como la moderación de su Código Criminal.” La separación de los reos según el sexo, la edad y la índole de su delito; la exigencia de orden escrita de autoridad competente para alojarlos en la cárcel; la obligación de tener informado al tribunal de cualquier detención y de su origen; el reconocimiento médico de los detenidos; el derecho de visita; el recreo al aire libre de los incomunicados; la posibilidad de que los detenidos escriban a los jueces en pliego cerrado, son principios de clara significación que el Reglamento enuncia.

Pero con todo ello no quedó satisfecha la preocupación del Protector. El 10 de abril de 1822 sobreviene su Reglamento Provisional para los Tribunales de Justicia, que amplía las disposiciones del Reglamento Carcelario: los reos no serán reducidos en calabozos; se hará distinción entre reos y detenidos; no se dispondrá de su dinero; no se los retendrá por costas impagas, etc. Ya antes, el 2 de enero de 1822, se había eliminado la administración de la pena de muerte por garrote vil y otros medios crueles, ordenando hacerla efectiva sólo por fusilamiento. Queda otra faz señera del personaje: la de San Martín obrando como juez, que también ilustra sobre su formación jurídica. Me referí alguna vez a las causas provistas por el prócer como juez militar o como juez civil, supuesto que el Gobernador Intendente sumaba a otras funciones de gobierno las propias de la administración de justicia, con asistencia de un asesor letrado. Además de los Carrera, en el fuero castrense, con o sin decisión condenatoria, hubo ocasión de que San Martín sumariase a Brayer, Moldes, Zapiola, Brandsen, Aldao, Ramos, Mármol, Escalada y otros. Puedo también mencionar las causas instruidas al coronel español Antonio Saldívar; al juez comisionado del barrio del “Infiernillo”, en Mendoza o al celador José María Correa, donde quedan asentadas expresiones denunciadoras de su justicia pronta y ejemplar, libre de argucias procesales y hasta ornada con alguna amenidad de buen tono. En el fuero civil, las causas en que San Martín juzga la conducta de Juan Segundo Molina (un seductor que pretende la tenencia de su hija natural), de Blas Pimentel (un esclavo redimido por sus servicios a la patria, que reclama una venia especial para contraer matrimonio con mujer libre) o de fray Manuel Benavídez (un religioso extorsionador y usurero) son, todas ellas, reveladoras del temperamento de este juez humano que pretende ser, como diría Aristóteles, “Lo justo vivo del derecho.”


Instituto Nacional Sanmartiniano
Ministerio de Cultura de la Nación